La Cámara de Representantes aprobó hoy el P. de la C. 891, que impone un tope de costo y nuevas restricciones a la compra de vehículos para uso cotidiano de los alcaldes en Puerto Rico.
El proyecto, de la autoría de los representantes José “Conny” Varela del PPD y José Bernardo Márquez del MVC, limita la compra de vehículos para los alcaldes a uno cada ocho años, el cual no podrá exceder un costo de $45,000.00, y prohíbe la adquisición de dichos vehículos mediante contratos de alquiler. Además, requiere que la compra se lleve a cabo mediante subasta pública o a través del listado de licitadores de la Administración de Servicios Generales (ASG), y que se cumpla con la política pública de preferencia a vehículos híbridos o aquellos que funcionen con métodos alternos a combustibles fósiles. Si se usa el vehículo existente en intercambio (“trade in”), el nuevo vehículo no podrá exceder de un valor de $50,000.00. Finalmente, se establece que el alcalde o alcaldesa será personalmente responsable de que se cumpla con lo dispuesto en la ley.
“Con este Proyecto, terminamos con la práctica de algunos alcaldes de adquirir como vehículos oficiales algunos tipos de vehículos que jamás pudieran haber adquirido con su propio pecunio”, indicó el Representante Varela. “Aunque entendemos que los alcaldes deben tener un método de transportación que les permita llegar a proveer servicio a sus comunidades, esos vehículos no deben ser vehículos de lujo, especialmente en estos tiempos en que los ingresos municipales se han visto tan afectados”, concluyó el también vicepresidente de la Cámara de Representantes.
